Esta mañana he leído en un digital un artículo en el que bajo el nombre del autor figura “Periodista”: “¿Por qué acto de servicio y no accidente laboral?”.
Como buen periodista comienza suministrando datos contrastados. E, incluso, demuestra que sabe dividir. Pero, de inmediato, todavía en su primer párrafo, el autor nos enseña la patita ideológica de su creación: “De repente, (…), el término accidente laboral ha cobrado importancia. (…) para poner de relieve que no todas las muertes trabajando valen igual”. Aquí se ve perfectamente como nuestro tribulete aparca el análisis y lo sustituye por una imputación moral implícita con la que conducir al lector hacia una conclusión prefabricada.
Nadie, que yo sepa, ha sostenido realmente que unas vidas “valgan” más que otras. Lo que existe es una diferencia -social, jurídica, histórica y simbólica- entre distintos tipos de muerte en el ejercicio profesional. Negar esto exige partir del simplismo más grosero. No es lo mismo un accidente en una cadena de montaje, que morir intentando rescatar a un rehén, que fallecer apagando un incendio o que ser asesinado por una organización criminal durante una operación policial. Todas son tragedias, desde luego que sí. Pero no todas poseen la misma naturaleza pública.
Pero el pícaro autor intenta presentar esa diferencia como una forma de desprecio clasista hacia el trabajador ordinario.
Sin embargo, el reconocimiento especial de determinadas muertes no nace de una jerarquía de dignidad humana, sino de la relación entre: riesgo asumido, servicio prestado, violencia sufrida y dimensión colectiva del deber.
Un guardia civil asesinado por narcotraficantes o por terroristas no simboliza únicamente a un trabajador fallecido en horario laboral. Representa al Estado enfrentándose a organizaciones criminales. Y eso introduce inevitablemente una dimensión política y comunitaria que el plumilla borra, no sé si con ignorancia o con intención, para sostener su tesis. De paso, manipula el concepto de “accidente laboral”: en su teclado pasa de ser una categoría técnica a un emblema ideológico.
La clave con que elabora esta red es primaria; me refiero a de “niño de primaria”:
– primero se reduce todo a una dicotomía moral,
– segundo, se atribuye al adversario una posición ética repugnante, y
– tercero, se denuncia esa posición como prueba de una injusticia estructural.
Pero, a pesar de todo, el artículo incurre en una contradicción interesante: mientras critica que ciertas muertes reciban una consideración especial, el mismo texto convierte otras muertes laborales en categoría moral privilegiada para sostener un discurso político. Es decir, denuncia una jerarquización, mientras construye otra.
Y, con todo esto ya lanzado, comienza el segundo párrafo en el que no hay rastro de pretensión analítica alguna, solo hay consignas. El señor teclea: “El Partido Popular, como siempre, ha querido sacar rédito de las víctimas…”. Para mí, lo interesante es el “como siempre”, porque no argumenta nada, lo único que pretende es activar un reflejo tribal porque presupone que sus lectores ya aceptan una identidad moral fija que dice que el PP explota tragedias, que la derecha manipula emocionalmente y que cualquier crítica procedente de ese espacio está automáticamente deslegitimada. Ya veis, aquí ni siquiera se discute sobre política, esto es una cuestión de pureza moral.
¿Y todo queda aquí? Pues no. Resulta que el gacetillero nos pretende hacer ver que es un asunto menor (“supuesto patinazo de la candidata del PSOE”) pero a la vez pretende convertirlo en símbolo de injusticia social. La realidad es que la candidata cometió un error. No necesariamente por utilizar una categoría técnicamente incorrecta -porque, de hecho, puede discutirse jurídicamente- sino porque ignoró la dimensión simbólica del caso. La sociedad no percibe un siniestro laboral, sino un episodio de violencia criminal contra representantes del Estado. Las declaraciones de la candidata sonaron a muchos como algo despersonalizador y burocrático.
Si os vais fijando en este segundo párrafo ya hemos pasado del “si fue adecuado llamar accidente laboral a la muerte de los dos agentes” al “por qué la sociedad desprecia a los trabajadores muertos”. Esto tiene un motivo: el desplazamiento que señalamos permite evitar el problema concreto. Porque una cosa es denunciar la invisibilidad de muchos accidentes laborales -una crítica completamente legítima- y otra muy distinta utilizar esa denuncia para diluir las particularidades de una muerte vinculada a la acción violenta del crimen organizado. El supuesto periodista necesita borrar la singularidad del hecho para sostener su argumento universal.
Pero el segundo párrafo no ha terminado: “La clave” -dice- “es la indignación de la derecha y de los guardias civiles por llamarlo accidente laboral, como si fuera un mero jornalero o un trabajador de la construcción que fallece” (…) “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) no solo tienen el monopolio de la violencia y la ejercen a su antojo, sino que tienen el derecho a fallecer con mayor relevancia, indemnización y heroicidad que el resto de los ciudadanos mientras desarrollan su jornada laboral”. Como se puede comprobar el artículo se aleja definitivamente de cualquier mínima reflexión sobre política o siniestralidad laboral y se convierte en una pieza de explícito y puro resentimiento ideológico. Y ¿cómo lo hace? Pues, con una peculiar mezcla de simplificación y simplismo con la que exagerar la posición que combate volviéndola moralmente obscena.
Posiblemente el día en que en la Facultad explicaron a Max Weber el autor de tan impagable artículo no podría asistir por motivos, naturalmente, justificados. Que el Estado posee el monopolio de la violencia legítima es un principio básico del Estado moderno desde Max Weber. Ni es una anomalía española. Ni es una perversión autoritaria. Lo contrario del monopolio estatal de la fuerza es el poder del clan, de la mafia, de la banda armada o del narcotraficante.
Las policías democráticas no “ejercen la violencia a su antojo”. La ejercen: sometidas a ley, bajo control judicial, con responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa y política. ¿Que existen abusos? Por supuesto. Como en cualquier otra estructura humana. Pero al formularlo como “a su antojo” escapa de nuevo del análisis político para adentrarse en la pura propaganda.
Por fin, llegamos al tercer párrafo, donde no hay un mínimo atisbo de lo que el artículo anunciaba en su título. Lo que hay es hostilidad hacia determinados funcionarios públicos, especialmente hacia policías y guardias civiles. Y lo hace, además, mediante afirmaciones gruesas, poco sostenibles y cargadas de resentimiento. Utiliza el término “privilegios”, y nos oculta términos como, por ejemplo, singularidades funcionales, régimen estatutario específico, riesgos profesionales, limitaciones de derechos o disponibilidad operativa. Si hablamos de policías o guardias civiles también habría que mencionar jerarquización rígida, disponibilidad permanente, exposición física, estrés operativo, responsabilidad penal inmediata, turnicidad, riesgo de agresión e incluso riesgo letal.
Es hasta gracioso leer la frasecilla “les hacen unas oposiciones mucho más sencillas”. Venga, hablemos de churras y merinas. No es lo mismo Policía Nacional que Guardia Civil que policías autonómicas que policías locales. No es lo mismo escalas básicas que escalas ejecutivas. No es lo mismo promoción interna que acceso libre.
Y “más sencillas”: ¿respecto a qué? ¿A judicatura? Sí. ¿A notarías? También. ¿A medicina interna? Probablemente. ¿Y?
Más regalos: “no tienen reparo en mejorar sus condiciones laborales siempre que lo piden”. Hombreee… cualquiera que conozca mínimamente la historia reciente de las FCSE sabe que las reclamaciones salariales han sido constantes, la equiparación salarial ha generado años de conflicto, existen déficits de medios materiales y de plantillas, hay envejecimiento de equipos e importantes diferencias entre cuerpos. Presentar a policías y guardias civiles como una especie de aristocracia laboral mimada por el poder político es o bien no tener ni pajolera idea de lo que se habla o bien mentir como un bellaco.
Continua intentando enfrentar simbólicamente a unos servidores públicos (Educación, Sanidad) contra otros (FCSE) desde una visión absolutamente reduccionista y con una tosquedad desagradable. Intenta plantear una especie de competición moral entre docentes, sanitarios y fuerzas de seguridad.
Y por supuesto que tenemos el mecanismo típico de este tipo de hoja parroquial: la construcción de una derecha abstracta, homogénea, casi metafísica. Las derechas aparecen como hostiles al funcionariado, excepto a las FCSE.
“Imagino que si fallecen mientras ejecutan un desahucio también merecen honores”. Este es el espectacular comienzo del cuarto párrafo, que continúa con otros elementos del mismo jaez.
La sutileza no es el punto fuerte del individuo firmante. No estamos ante una crítica concreta a actuaciones policiales determinadas -que es perfectamente legítima- sino ante una acumulación deliberada de imágenes destinadas a dañar la legitimidad del oficio policial.
La técnica es sencillota: concatenación emocional. Nos lanza una cascada de asociaciones negativas: desahucios, cargas policiales, infiltraciones, redadas racistas, violencia desmesurada. Todo aparece comprimido en una misma secuencia para construir una identidad moral del policía como figura esencialmente sospechosa.
Por fin llegamos al último párrafo, que se abre con esta joya: “Mientras se criminaliza a algunos trabajadores públicos a otros se les siguen hinchando a privilegios porque hay una derecha política y mediática que sigue utilizándolos a su antojo”. Lo primero que ha saltado a morderme la nariz ha sido el uso de la expresión “hinchar a privilegios”, que no mantiene el tono anterior. Es deliberadamente vulgarizador, para provocar irritación. Y luego vomita, como en una digestión a medio hacer, menciones a la justicia militar, la Ley de Seguridad Ciudadana, la siniestralidad laboral, las temporeras agrícolas, las inspecciones de trabajo y los honores funerarios. Así, todo junto.
Y justo antes del final: “en las 24 horas que durará este artículo en portada fallecerán dos trabajadoras más. Pero recordad que o tienen tricornio o solo son estadísticas”.
Hace falta una peculiar mezcla de frivolidad intelectual y sectarismo para escribir un artículo como el referido. Requiere abandonar cualquier voluntad de análisis y sustituirla por una acumulación de reflejos ideológicos tan previsibles que uno puede anticipar el siguiente párrafo antes de terminar el anterior. El texto es un ajuste de cuentas personal contra cualquier institución del Estado que porte uniforme. Y lo más llamativo no es la carga ideológica -cada cual escribe desde donde quiere- sino la alarmante pobreza argumental con la que intenta sostenerla.
Cualquier persona intelectualmente honesta entiende perfectamente algo muy sencillo: todas las vidas poseen igual dignidad humana, pero no todas las muertes tienen el mismo significado público:
– No lo tiene la muerte de un bombero que fallece rescatando personas en un edificio en llamas.
– No lo tiene la muerte de un sanitario fallecido durante una epidemia.
– No lo tiene la muerte de un guardia civil fallecido durante una acción contra el narcotráfico.
Eso no convierte al resto de trabajadores en ciudadanos inferiores. Convierte determinadas funciones en símbolos institucionales de servicio colectivo. Y eso ocurre en cualquier Estado moderno mínimamente serio.