Ricardo Vidal López 4 enero, 2011
Según el panfleto que se publica en la web del Ministerio de Sanidad y tal y tal, las modificaciones a la ley anti-tabaco se inspiran en la “protección” a la población, a la población trabajadora y a la población menor. Se puede apreciar, como siempre, la redundancia lingüístico-ideológica del asunto. Nos ofrecen una serie de datos, de carácter “estadístico”, entre ellos que el tabaco produce 50000 muertes anuales, y un dato que por su propia formulación causa sospecha: “los datos disponibles en España para el año 2002, estimaron entre 1.228 y 3.237 las muertes atribuibles a la exposición al humo ambiental de tabaco”. Me pregunto cómo se habrá estimado; sobre todo para tener una horquilla tan amplia entre el suelo y el techo de la cifra. A continuación nos bombardea el documento con una serie de datos, tomados de fuentes diversas, aunque casi todas ellas gubernamentales, para demostrarnos que fumar es antieconómico.

También nos dicen dónde y dónde no se prohibirá fumar. Fundamentalmente el criterio será estar al aire libre. Aquí me surge una duda: si es un campo de futbol (aire libre) se podrá fumar y en una cancha de baloncesto (cerrado) no, ¿qué ocurrirá en una plaza de toros con cubierta móvil? Supongo que si hace sol y se quita la cubierta se podrá fumar, pero si llueve y la ponen estará prohibido. O sea, la meteorología como criterio. En el coche no nos lo prohíben, de momento, “aunque se debe considerar la conveniencia de no fumar en espacios tan reducidos y máxime si hay menores en el interior”. Aunque la prohibición si llega a “los pasillos, escaleras y portales de comunidades de vecinos”.
Una de las cuestiones menos sorprendentes que trae la modificación es que “se insta a las Administraciones públicas a atender, de manera particular, la perspectiva de género y las desigualdades sociales”.
Ahora, como siempre, nos toca oír las mamarrachadas de la ministra sobre la “cultura del humo” y otras zarandajas del estilo.  Podemos leer cosas como que se pretende proteger la “salud pública” (vuelve Robespierre), “que la salud de la población” está por encima de la libertad individual, que hay fundamentos éticos en este tipo de medidas, etc. Para colmo parece que se incita a la delación de los incumplidores.
Bueno, a mí todo esto, que se basa en una ética desposeedora de la idea del sujeto me parece, como mínimo, peligroso.
En mi anterior nota, y a propósito de la nadería conceptual del “micromachismo” hablaba de Foucault y el biopoder. Repetimos, pues. En su obra “El nacimiento de la clínica” Foucault nos hablaba de la transición de una sociedad teocrática a una sociedad medicalizada. Unas décadas después, el psiquiatra Thomas Szasz hablaba de un “Estado Terapéutico”, que es quien legitima para, en nombre de una supuesta superioridad de la ciencia médica,  controlar a individuos y a sustancias.
A los que, como yo, prefieren un estanco a una farmacia nos queda un tiempo de sentirnos perseguidos en nombre de una salud inexistente, porque la auténtica realidad de todo esto no es sino el control social que a su través se produce. Bajo el paraguas de la salud (pública) se imponen modos de conducta; se impone la moral mediante ley. Así, en  muchos casos podemos tomar “medicalización” y “moralización” como sinónimos.