El 15 de agosto de 1998, Omagh era una ciudad en actividad. Era sábado, día de mercado, y el centro concentraba a vecinos y visitantes que aprovechaban la jornada para hacer compras o simplemente pasear.
Omagh -capital del condado de Tyrone (Úlster)- se consideraba una ciudad mixta donde protestantes y católicos convivían en relativa armonía, lo que la mantenía al margen de los peores focos de violencia de los Troubles. No figuraba, por tanto, entre los lugares habituales del conflicto norirlandés. Adicionalmente, tras la firma del Acuerdo de Viernes Santo en abril de ese mismo año, muchos creían que la etapa más dura de la violencia había quedado atrás.
Un vehículo cargado con explosivos fue estacionado en Market Street, una de las principales calles comerciales del centro urbano. El coche había sido robado y trasladado desde la República de Irlanda.
Se realizaron tres llamadas entre las 14:32 y las 14:35. Las dos primeras mencionaban que la bomba estaba cerca del “juzgado” en la “calle principal”. En Omagh no existe una “calle principal” con ese nombre, pero el juzgado se encuentra en un extremo del eje comercial. Lo cierto es que no señalaba el lugar exacto. Y esta información imprecisa condicionaría la respuesta policial.
Creyendo que el peligro estaba en el juzgado, la policía acordonó esa zona e inició la evacuación siguiendo los protocolos habituales: alejaron a las personas de los puntos que creían en riesgo y las dirigieron hacia la parte baja de la ciudad, hacia Market Street, justo donde estaba aparcado el coche bomba, a unos 400 metros de distancia del supuesto objetivo. Fue una decisión tomada con la información disponible en ese momento, pero resultó trágica.
A las 15:10 horas, el coche bomba explotó.
La detonación causó una destrucción inmediata en varios metros a la redonda. Edificios dañados, vehículos destrozados y decenas de personas heridas y fallecidas en cuestión de segundos.
La tragedia fue especialmente cruel debido a la composición de las víctimas: fallecieron varios niños, una mujer embarazada, miembros de tres generaciones de una misma familia, además de los dos ciudadanos españoles que estaban allí de intercambio. El balance final fue de 29 muertos y más de 200 heridos. Muchas de las víctimas se encontraban en la calle tras haber sido evacuadas de otras zonas.
Las primeras horas estuvieron marcadas por el caos. Los servicios de emergencia se vieron desbordados. La magnitud del daño fue tal que los servicios de emergencia locales se vieron obligados a utilizar autobuses urbanos y coches particulares como ambulancias improvisadas para trasladar a los cientos de heridos al Hospital. Médicos y enfermeras que estaban fuera de servicio o de vacaciones regresaron voluntariamente al centro al enterarse de la noticia. A pesar de todo, el hospital de Omagh colapsó rápidamente, lo que obligó a realizar traslados en helicóptero a Belfast y Derry. Las imágenes difundidas por los medios mostraban escenas de confusión, personas desorientadas y equipos médicos trabajando sin descanso.
Las líneas telefónicas se saturaron, impidiendo que muchas familias supieran si sus seres queridos estaban a salvo, lo que aumentó la angustia en el centro de la ciudad.
El atentado fue reivindicado por el llamado IRA Auténtico (Real IRA), un grupo disidente que rechazaba el proceso de paz. La elección del objetivo y el momento no fue casual. El ataque se produjo en pleno proceso de consolidación de los acuerdos políticos y buscaba demostrar que aún era posible desestabilizar la situación mediante la violencia indiscriminada. A diferencia de otros atentados anteriores, no hubo intento de justificar el daño colateral: el objetivo fue una zona civil concurrida.
La reacción política fue inmediata y prácticamente unánime. Dirigentes de todos los sectores condenaron el atentado sin matices. En Irlanda del Norte y en la República de Irlanda, el ataque generó una fuerte repulsa social, incluso en entornos tradicionalmente cercanos al republicanismo radical. Por primera vez en mucho tiempo, la violencia armada quedó ampliamente deslegitimada en el discurso público. El propio IRA Provisional emitió una condena sin precedentes, y el IRA Auténtico se vio forzado a declarar un alto el fuego ante el riesgo de desaparecer por el rechazo de su propia comunidad base.
Sin embargo, el impacto más duradero no fue solo político o social, sino judicial.
La investigación avanzó con rapidez inicial, pero pronto aparecieron dificultades. Hubo detenciones y acusaciones, y uno de los implicados -Colm Murphy- fue condenado en Irlanda por conspiración. Esa condena fue posteriormente anulada en apelación debido a irregularidades en el proceso, entre ellas la manipulación de notas policiales. El fallo supuso un golpe importante para la credibilidad del procedimiento y dejó al atentado sin responsables penales firmes.
Durante los años siguientes, los procesos judiciales estuvieron marcados por recursos, revisiones y decisiones contradictorias. Ninguna de las acciones judiciales llevadas a cabo lograría cerrar el caso de forma definitiva. Para las familias de las víctimas, esa situación suponía revivir el trauma cada vez y prolongar el dolor por sus pérdidas. No solo habían perdido a sus seres queridos; también asistían a un proceso judicial que parecía incapaz de ofrecer una respuesta penal clara.
Ante esa situación, varias familias optaron por iniciar acciones civiles contra presuntos responsables. Fue una vía poco habitual en este tipo de casos, pero respondía a una necesidad concreta: establecer algún tipo de responsabilidad cuando la vía penal había fracasado. Los juicios civiles se prolongaron durante años y estuvieron acompañados de un fuerte desgaste emocional y económico. Finalmente, en 2009, y por primera vez en la historia judicial británica, un tribunal civil dictaminó que individuos concretos -Michael McKevitt, Liam Campbell, Colm Murphy y Seamus Daly- eran responsables de un atentado terrorista. Se les ordenó pagar 1,6 millones de libras en concepto de daños y perjuicios. Aunque éstos se declararon insolventes o utilizaron maniobras legales para evitar los pagos.
En enero de 2025 se abrió una Investigación Pública sobre el Atentado de Omagh. Esta Investigación es un proceso judicial independiente de alto nivel (a fecha de hoy sigue en desarrollo). Su objetivo no es juzgar a los terroristas, sino determinar si el Estado británico pudo haber evitado la masacre. Tras años de presión de las familias, el Tribunal Superior de Belfast dictaminó en 2021 que había “posibilidades plausibles” de que el atentado se hubiera podido evitar. En respuesta, el Gobierno británico estableció formalmente esta investigación, que se centra en cuatro ejes principales:
1º. ¿Sabían los servicios de seguridad (MI5 y policía) que se estaba preparando un ataque tras los 31 incidentes previos del IRA Auténtico ese año?
2º. ¿Había infiltrados o dispositivos de escucha que captaron los preparativos del coche bomba y no se actuó a tiempo para no “quemar” a las fuentes?
3º. ¿Se rastrearon correctamente los movimientos del coche robado desde la República de Irlanda hasta Omagh?
4º. ¿Qué falló en la comunicación que llevó a evacuar a la gente hacia la bomba en lugar de alejarla?
El pasado 16 de diciembre se ha anunciado que las audiencias de pruebas orales se pospondrán hasta finales de 2026.
Mientras tanto, Omagh intentó recuperar la normalidad. Las calles fueron reparadas, los comercios reabrieron y la vida cotidiana volvió progresivamente al centro de la ciudad.
Con el paso del tiempo, el atentado de Omagh fue adquiriendo un significado particular dentro del conflicto norirlandés. No fue el más complejo ni el más estratégico desde el punto de vista militar, pero sí el más letal en términos de víctimas civiles. También fue el que mostró con mayor claridad el aislamiento de quienes optaban por continuar la violencia cuando el contexto político había cambiado.
A diferencia de otros episodios del conflicto, Omagh no encajó fácilmente en los relatos justificativos de ninguna de las partes. No se produjo en un enfrentamiento directo ni contra un objetivo simbólico del Estado. Fue un ataque contra la población civil en un momento en el que la mayoría de la sociedad esperaba una transición hacia la normalidad.
Más de veinticinco años después, Omagh sigue siendo un referente incómodo. No tanto por falta de memoria, sino por la dificultad de cerrar su significado. Representa el límite de la violencia política y, al mismo tiempo, las carencias de los sistemas judiciales para responder a determinados crímenes. También recuerda que los procesos de paz no eliminan de inmediato los riesgos, y que las consecuencias de un solo atentado pueden prolongarse durante décadas.
En Omagh, la violencia llegó cuando muchos creían que ya no era posible. Y la justicia, al menos en términos penales, nunca terminó de llegar.